El gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid intenta que el paso del tiempo sepulte en el olvido la nefasta gestión que tuvieron durante la primera ola de la pandemia con nuestros familiares: el abandono y la muerte de 7291 personas que vivían en residencias, sin recibir atención hospitalaria.
La Consejería de Sanidad redactó, firmó y envió a residencias y hospitales, cuatro protocolos de NO DERIVACIÓN los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, por los cuales se impidió que, durante los meses de marzo y abril, las personas que vivían en residencias con cierto grado de dependencia o discapacidad, pudiesen ser trasladadas a hospitales.
El triaje o selección de personas, estaba basado en la tabla de Barthel y GDS donde la exclusión era dada por el mero hecho de estar en silla de ruedas o tener algún deterioro cognitivo.
En Abril presentaremos ante la sociedad una Comisión Ciudadana por la Verdad y la Justicia en las Residencias de Madrid, formada por personas de reconocido prestigio profesional, para conseguir esclarecer qué pasó con las personas que vivían en los centros socio-sanitarios de esta Comunidad.
El adelanto electoral de mayo de 2021 sirvió para cerrar la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en las Residencias y posteriormente el gobierno de la Comunidad de Madrid con su nueva mayoría PP-Vox, se ha negado a reabrirla en las seis ocasiones que lo han solicitado los partidos de la oposición en la Asamblea. Ello nos obliga a los familiares y a la sociedad en general a actuar ante hechos tan graves: en todo el periodo democrático en nuestro país ninguna decisión política ha causado tantas muertes.
Necesitamos que esta decisión política sea investigada, juzgada y si hubiere delito castigada, aquella o aquellas decisiones que redactaron y firmaron una sentencia de muerte para tantas personas sin ninguna oportunidad de salvarse.
El hecho de que los responsables de negar a miles de personas el derecho a la asistencia sanitaria, a la vida y, en ciertos casos, a una muerte digna sigan en total impunidad, explica el deterioro constante de las residencias y de la misma sanidad pública en esta Comunidad.
Y, además, si todo esto queda así, podrá volver a repetirse con cualquier otro sector de la sociedad. Necesitamos Verdad y Justicia para hacer una sociedad mas humana y justa y poder cerrar el duelo y para eso es imprescindible el apoyo y la implicación de la sociedad.
Desde CGT queremos señalar también la responsabilidad de la judicatura archivando las denuncias, o de la Fiscalía desinteresándose en facilitar la acción de la justicia a las familias afectadas. Se ha paralizado la búsqueda de responsables, alegando instrucciones de autoridades superiores, sin especificar quienes eran tales autoridades y en qué casos tenían protección de aforamiento para que las acusaciones particulares pudieran actuar en consecuencia en los tribunales correspondientes.
En cambio, felicitamos la iniciativa de la Plataforma Verdad y Justicia, Marea de Residencias, Amnistía Internacional y todas las entidades ciudadanas que están apoyando las justas exigencias de los familiares que se ven abandonados en su sufrimiento, sin el obligatorio acompañamiento de la Justicia. Por eso, pedimos el apoyo de la población a cuantas acciones de exigencia de justicia en este caso se planteen.
MAREA DE RESIDENCIAS, convoca una Concentración frente a los Juzgados de Plaza Castilla, el día 23 de marzo a las 10 de la mañana.
